“LO QUE LOS CIUDADANOS QUE VOTARÁN EN CALIFORNIA DEBEN SABER, Y LOS MEXICANOS CONOCER”

“En la lucha contra las drogas, hemos tomado la ruta menos productiva, que es la violencia contra la violencia. La violencia nunca va a resolver la violencia”

(Vicente Fox Quesada, Quito, Ecuador, 27 de Octubre 2010)

Aunque no hay toda la certeza de que en el referéndum del próximo Martes 2 de Noviembre en el estado de California, se apruebe la Propuesta 19 que legalizaría el consumo de marihuana, es una oportunidad única para profundizar y reflexionar sobre éste tema en México.

De acuerdo al World Drug Report 2010 que hace la ONU, tenemos que la marihuana representa el 80 por ciento del consumo de drogas ilegales en los Estados Unidos. Los invito a leer detenidamente, secciones del interesantísimo trabajo que desarrollaron los investigadores Glenn Greenwald y Juan Carlos Hidalgo, ambos del prestigiado Instituto Cato.


3 de septiembre de 2010

Es imposible no establecer paralelos entre la experiencia de la Prohibición en EE.UU. con lo que actualmente se vive en dicho país y en nuestra región con la Guerra contra las Drogas. La prohibición de las drogas ha hecho del narcotráfico un negocio extremadamente lucrativo. Esto se debe a que el precio de una sustancia ilegal se determina más por el costo de la distribución que por el costo de la producción.

Por ejemplo, en el caso de la cocaína, el precio de la hoja de coca en el campo y lo que paga un consumidor en las calles estadounidenses por el polvo blanco aumenta en más 100 veces. Dependiendo de la droga, el 90 por ciento o más del precio minorista del estupefaciente corresponde a la prima generada por la prohibición.

Jorge Castañeda y Rubén Aguilar en su libro El Narco: La guerra fallida, ilustran cómo el precio de la cocaína va exponencialmente en aumento conforme se acerca a su destino final en EE.UU. De acuerdo a información recabada por los autores, el kilo de cocaína pura se vendía en Colombia a aproximadamente $1.600. Ese mismo kilo aumentaba su precio hasta $2.500 al llegar a Panamá. Una vez en la frontera norte de México ya costaba $13.000, y en EE.UU. aumentaría a $20.000. Luego, en las calles de las principales urbes estadounidenses, ese mismo kilo podría llegar a venderse al menudeo en $97.000.

Por esta razón, los márgenes de ganancia de los cárteles de la droga son enormes. De acuerdo a algunos estimados, una organización narcotraficante puede perder el 90 por ciento de su carga y aún así permanecer lucrativa. Según cifras de las Naciones Unidas, el comercio mundial de estupefacientes alcanza los $320.000 millones al año.
Es una guerra allá afuera

El más reciente estimado en México apunta a 28.000 asesinatos desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los carteles de la droga en diciembre del 2006.
La mayoría de las víctimas son personas ligadas al negocio del narcotráfico, sin embargo la cantidad de civiles inocentes ultimados en tiroteos va en aumento.

Al igual que con la Prohibición hace 80 años, la guerra contra las drogas ha conducido a la producción de narcóticos potentes de baja calidad sanitaria, con efectos mortales sobre sus consumidores. Un estudio de James Ostrowski para el Cato Institute hace unos años encontró que el 80 por ciento de las muertes relacionadas al consumo de drogas son en realidad causadas por factores del mercado negro, como la ausencia de dosis estandarizadas de las sustancias.


¿Está funcionando?

A la hora de evaluar la guerra contra las drogas, la interrogante radica entonces en si todas estas vidas perdidas, dinero, violencia, corrupción y erosión de libertades civiles están al menos logrando el objetivo de frenar el consumo de drogas en la población. Para eso, basta con citar la primera oración del informe “Evaluación nacional de la amenaza de las drogas 2010” elaborado por el departamento de Justicia de EE.UU.: “En general, la disponibilidad de drogas ilícitas en EE.UU. está en aumento”.

¿Qué hacer entonces?

Claramente, el enfoque prohibicionista de la guerra contra las drogas ha fracasado. Y si bien el debate para un cambio de estrategia es prácticamente inexistente a nivel gubernamental en EE.UU., en otras regiones eso está cambiando.

La despenalización de las drogas funciona
por Glenn Greenwald

Glenn Greenwald escribe frecuentemente para la revista Salón, y es autor del estudio “Despenalización de las drogas en Portugal: Lecciones para crear una política de drogas justa y exitosa” (en inglés), publicado por el Cato Institute.

En noviembre los californianos votarán la Proposición 19, una iniciativa que busca legalizar la marihuana. Ya que ningún estado jamás ha tomado una medida similar, los votantes están siendo sometidos a una avalancha de aseveraciones que busca infundir temor —y que no se encuentra respaldada por la evidencia— sobre lo que sucedería si se aboliera la prohibición de las drogas. No debería ser así.

Hace diez años Portugal se convirtió en la primera nación occidental en aprobar una despenalización completa a nivel nacional. La ley, aprobada el 1 de octubre del 2000, abolió las sanciones criminales para todas los estupefacientes —no solo la marihuana, sino también “drogas duras” como la heroína y la cocaína. Esto aplica solamente a las drogas para consumo personal; el narcotráfico continúa siendo una ofensa criminal.

Hoy contamos con una década de evidencia empírica sobre lo que en realidad sucede —y lo que no ocurre— cuando se eliminan las sanciones criminales contra la posesión de drogas.

Los individuos que son detectados con drogas en Portugal ya no son arrestados o tratados como criminales. Se les envía en cambio a un tribunal de profesionales de salud donde se les ofrece la oportunidad, pero no se les obliga, a recibir un tratamiento brindado por el gobierno. Para aquellos que son adictos, los tribunales tienen el poder de imponer sanciones civiles. Pero en la práctica, el objetivo general es dirigir a las personas hacia un tratamiento.

De acuerdo a cualquier indicador, la experiencia de Portugal con la despenalización de las drogas ha sido un éxito rotundo. El consumo de drogas en muchas categorías ha disminuido en términos absolutos, incluyendo para grupos demográficos importantes, como el de personas entre los 15 y 19 años. Donde las tasas de consumo han subido, los aumentos han sido modestos —mucho menor a los registrados en otras naciones de la Unión Europea, las cuales insisten en una política de penalización.

Portugal, que tenía uno de los problemas de drogas más graves en Europa, ahora tiene la tasa de consumo de marihuana más baja del continente, y una de las más bajas para cocaína. Todas las otras patologías relacionadas con las drogas, incluyendo el contagio de HIV, hepatitis y las muertes por sobredosis, han disminuido considerablemente.

Más allá de la evidencia, el éxito de Portugal con la despenalización queda patente por la ausencia de iniciativas políticas tendientes a reinstaurar la penalización. Tal y como uno esperaría de un país conservador y mayoritariamente católico, la propuesta de despenalización desató una intensa controversia hace una década. Muchos políticos vaticinaron consecuencias terribles, incluyendo aumentos masivos en el consumo de drogas entre los jóvenes y la transformación de Lisboa en un “paraíso de drogas para los turistas”.

Sin embargo, ninguno de esos temibles escenarios tuvo lugar. Los portugueses, capaces de comparar los serios problemas de drogas que tenían en los noventa con la muy mejorada situación de ahora, no tienen deseos de volver a los tiempos de la penalización. Tampoco hay políticos influyentes que lo estén proponiendo. La despenalización se volvió políticamente viable cuando el parlamento portugués conformó una comisión de expertos apolíticos con la tarea de determinar cómo el país podía lidiar de manera más efectiva con sus cada vez más graves problemas de drogas. La comisión determinó que la despenalización era la mejor política para reducir los daños relacionados con los estupefacientes. Lo ocurrido hasta ahora ha demostrado la sabiduría de dicha recomendación.

Podría parecer contra-intuitivo que la despenalización pudiera mejorar los problemas de drogas. Pero los funcionarios de narcóticos portugueses, con una década de experiencia con esta política, entienden las razones por las que se da esta relación causal.

Primero, cuando un gobierno amenaza con convertir a los consumidores de drogas en criminales, una barrera de miedo se erige entre los funcionarios y la ciudadanía, lo cual da al traste con un tratamiento efectivo y socava las campañas de educación. El principal funcionario de narcóticos de Portugal ha dicho que el estigma creado por la penalización del consumo de drogas y el temor al Estado eran los factores que más obstaculizaban la educación efectiva y los programas de tratamiento durante la década de los noventa.

Segundo, tratar una adicción a las drogas como un problema de salud y no como un crimen significa que se pueden encontrar las soluciones adecuadas. Si el objetivo es que los adictos dejen de consumir drogas, la terapia es una estrategia mucho más efectiva que el encarcelamiento. Tercero, cuando el Estado ya no gasta exorbitantes cantidades de dinero en arrestar, enjuiciar y encarcelar a los consumidores de drogas, ese dinero puede utilizarse en programas de tratamiento altamente efectivos o en servicios como clínicas de metadona para limitar los daños relacionados con las drogas.

Cualquiera que sean las opiniones sobre liberalizar las leyes de drogas, el debate debe basarse en la evidencia empírica —no en la especulación y en aseveraciones que pretenden infundir miedo. Ahora que los votantes de California toman una decisión de gran repercusión sobre la política de drogas, la experiencia de Portugal con la despenalización ofrece exactamente el tipo de análisis racional que ha brillado por su ausencia en este debate.

Este artículo fue publicado originalmente en The Político (EE.UU.) el 14 de octubre de 2010.
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La experiencia de Portugal demuestra que hay ejemplos sensibles en política sobre drogas. Sin embargo la despenalización, si bien es un paso en la dirección correcta, no elimina el mercado negro en la producción y comercialización de las drogas. Eso sólo lo logra la legalización.
Al legalizar las drogas, los gobiernos obtienen más control sobre el mercado de estupefacientes al poder regular y gravar la producción y venta de los narcóticos, como actualmente ocurre con el tabaco y el alcohol.

El dinero derivado de los impuestos sobre las drogas les permitiría a los gobiernos brindarles tratamiento a los adictos. Al igual que con la despenalización, la legalización permitiría enfrentar de mejor manera el flagelo de la drogadicción al remover el estigma criminal de los adictos y tratarlos como pacientes.

Sin embargo, la mayor ventaja de la legalización es que ahuyentaría en gran medida a los elementos criminales del negocio de las drogas, disminuyendo, sino eliminando del todo, la violencia, el crimen y la corrupción asociados con la prohibición.

Ningún proponente de la legalización ha dicho que ésta sea una panacea. Sin embargo, sí es substancialmente mejor que el fracaso patente de la guerra contra las drogas. La legalización no es una solución al “problema de las drogas”. La drogadicción continuará siendo un flagelo.

Pero así como la prohibición del alcohol resultó ser un enfoque equivocado al problema del alcoholismo, de igual forma la guerra contra las drogas ha sido un enfoque e-rcia relacionada al narcotráfico. El más reciente estimado en México apunta a 28.000 asesinatos desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los carteles de la droga en diciembre del 2006. La mayoría de las víctimas son personas ligadas al negocio del narcotráfico, sin embargo la cantidad de civiles inocentes ultimados en tiroteos va en aumento.